Sostenibilidad del medio ambiente

La Industria 4.0 tiene que hacer frente a la necesidad de producir dentro de las limitaciones ambientales para enfrentar el desafío de la sostenibilidad. Por un lado, se ha sostenido que las nuevas tecnologías (Por. Ejemplo: la Robótica avanzada, el Internet de cosas, o la Fabricación aditiva) pueden producir un aumento en la eficiencia de los recursos, por ejemplo, al reducir los errores y mejorar la precisión de las operaciones de producción, lo que permite un mantenimiento predictivo y reduciendo los residuos de fabricación, de acuerdo con el paradigma de la economía circular. Por otro lado, a pesar de las posibilidades de optimización energética que ofrecen los algoritmos y el análisis de datos, el consumo de energía representa un desafío concreto, especialmente en relación con la fabricación aditiva; además, se espera que crezcan las demandas de materias primas y elementos de tierras raras (por ejemplo, litio, disprosio/terbio y renio) para la producción de drones, sensores y otros dispositivos. Sin mencionar las crecientes preocupaciones por el vertido de desechos electrónicos en el hemisferio sur, donde no existen protocolos ni regulaciones.

Para enfrentar este desafío/reto, los representantes de los trabajadores deben profundizar su conocimiento sobre el impacto ambiental de las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 y aumentar la conciencia de los trabajadores sobre el papel que pueden desempeñar en la adaptación de la producción moderna hacia la sostenibilidad. 

Sobre todo, se debe crear en los lugares de trabajo una fuerte cultura de sostenibilidad (que supere al supuesto compromiso entre trabajo, producción y medio ambiente), y los representantes de los trabajadores deben adaptar las actividades de formación a este objetivo. También se necesitan más derechos de participación en todos los niveles de las relaciones laborales para permitir que los trabajadores y sus representantes se informen a su debido tiempo sobre las estrategias de desarrollo y desempeñen un papel concreto en la convergencia de la Industria 4.0 y la sostenibilidad ambiental. Esto puede implicar, por ejemplo, la revisión de los planes de estudios escolares y los cursos de formación ocupacional de la empresa y la provisión de programas de transición laboral que ayuden a los trabajadores potencialmente afectados por la reestructuración radical de la empresa. Los sindicatos deben adoptar una perspectiva orientada hacia el futuro. Esto conlleva asociaciones y alianzas con agentes de la sociedad civil y otras partes interesadas claves, tanto públicas como privadas, para diseñar y construir industrias y economías verdes.

En 2020 en Bulgaria, se incluyeron por primera vez algunas ‘cláusulas verdes’ en la renovación del CCTN para la industria del metal, en un esfuerzo por identificar los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores en temas medioambientales y convertirlos en un tema de diálogo social. En particular, los interlocutores sociales sectoriales previeron la obligación de los empresarios de informar a los trabajadores y sus representantes sobre posibles planes de reducción de emisiones contaminantes, de acuerdo con los plazos previstos por la Comisión Europea. Además, según el CCTN, los empleadores deben realizar evaluaciones preventivas tanto sobre los posibles riesgos para la salud y la seguridad relacionados con la creación de “empleos verdes” como sobre las acciones a realizar para minimizar estas contingencias. Los empleadores y los sindicatos también deben participar en la organización de rutas anuales de capacitación de los trabajadores sobre temas de salud y seguridad y sobre los impactos medioambientales y económicos de las transiciones verdes. Finalmente, se espera que los interlocutores sociales a nivel de empresa desarrollen planes para el ahorro de energía en los procesos de producción. Además, el CCTN introdujo algunas recomendaciones relativas a la promoción de la “negociación colectiva verde” a nivel de empresa. En particular, los convenios colectivos a nivel de empresa deben abordar cuestiones como la introducción de fuentes de energía sostenibles, así como sistemas de reutilización, reciclaje y ahorro de recursos, la organización de iniciativas de información y sensibilización sobre cuestiones medioambientales, el despliegue de planes de movilidad más sostenibles, etc.
El convenio colectivo de la empresa española de transportes Ara Vinc ha introducido el denominado ‘delegado medioambiental’, que será seleccionado entre los miembros del comité de empresa. Sus funciones incluyen: colaborar con la dirección de la empresa para mejorar las acciones que promuevan la protección del medio ambiente; promover y estimular la cooperación de los trabajadores en el cumplimiento de la normativa medioambiental; realizar labores de seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, así como de las políticas y objetivos medioambientales establecidos por la empresa; recibir información sobre la implantación de nuevas tecnologías de las que pudieran derivarse riesgos medioambientales, así como sobre el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental; proponer la adopción de medidas encaminadas a reducir los riesgos medioambientales y mejorar la gestión medioambiental; colaborar en el desarrollo de acciones formativas en materias relacionadas con las obligaciones medioambientales de la empresa; recibir información sobre el medio ambiente que se facilite a los representantes de los trabajadores.
Desde 2016, el convenio colectivo de TenarisDalmine, el gigante multinacional del acero con sede en el área de Bérgamo, introdujo el Bono de Prevención Medioambiental (Premio Prevenzione per l’Ambiente – PPA), con el objetivo de promover la mejora medioambiental en las áreas operativas en la forma de una gestión adecuada de los recursos como residuos, agua o sustancias químicas. El PPA está vinculado a tres indicadores que miden la calidad de la gestión preventiva en cada planta o servicio operativo: el informe de Origen de Anomalías (R.O.A.); inspecciones, formación sobre el medio ambiente. En cuanto al primer indicador, los supervisores directos y equipos operativos están llamados a informar sobre las anomalías medioambientales que suceden en su área de responsabilidad para garantizar un análisis adecuado que pueda inspirar acciones correctivas y preventivas e integrar, si fuera necesario, en las prácticas operativas. Los informes sobre las anomalías pueden resultar de la observación diaria de los trabajadores y sus supervisores directos y respectivamente, de sus prealertas o alertas; o de la denominada “hora verde”, que es la actividad realizada una vez al mes por los jefes de unidad y técnicos de mantenimiento, dedicada expresamente a la identificación de oportunidades de mejora y capacitación de los trabajadores en temas medioambientales. El indicador se mide como el Ratio de los Orígenes de Anomalías: R.O.A. =(a/b) x 100. Se fija un porcentaje de la meta para cada presupuesto anual. El segundo indicador se basa en un sistema de inspecciones semestrales realizadas en cada área por una comisión integrada por un técnico medioambiental de la empresa, un jefe de planta y un representante de seguridad de los trabajadores. Este parámetro, más que ningún otro, mide la eficacia del sistema de prevención y el nivel de cultura medioambiental alcanzado. Las inspecciones semestrales se realizan sobre la base de un formulario de evaluación compuesto por tres apartados (consume de agua, gestión de residuos, sustancias químicas) y 15 preguntas, a las que la comisión está llamada a responder sí o no según se respeten o no las normas/procedimientos ambientales. Para cada presupuesto anual se establece un número máximo de respuestas negativas (más allá del cual no se proporciona la cuota respectiva de la bonificación). El tercer indicador está vinculado a la formación en medio ambiente, considerada por las partes como una actividad preventiva fundamental, englobando tanto la formación presencial como la formación en el puesto de trabajo, y la participación de los trabajadores en la ‘hora verde’. Las metas anuales se refieren a ratios de formación en prevención medioambiental que de media se impartirán a los trabajadores, así como índices mínimos de la plantilla que durante el año participarán en al menos una actividad formativa en materia medioambiental.